Caso de Ana Josefa García
El abogado defensor de Ana Josefa García Cuello, una militar acusada de decapitar a su hija, ha interpuesto un recurso de apelación en contra de la medida de coerción impuesta por el juez Leomar Cruz Quezada. El magistrado dictaminó una prisión preventiva de un año para García Cuello en la cárcel de Najayo Mujeres, decisión que su defensor, Juan Concepción, ha calificado como inapropiada debido a que su clienta padece de esquizofrenia.
En respuesta a la apelación presentada, el juez ordenó que se realizara una evaluación psiquiátrica a la imputada por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Sin embargo, hasta el momento, dicha evaluación no ha sido efectuada. Concepción sostiene que, de confirmarse la condición mental de García Cuello, la ley dominicana establece que ella debería ser declarada inimputable, en conformidad con el artículo 64 del Código Penal. Este artículo señala que las personas con trastornos mentales graves no pueden ser responsables de sus actos, eximiéndolas de la responsabilidad penal.
El traslado de Ana Josefa García Cuello a la cárcel de Najayo Mujeres se produjo el pasado 27 de agosto, donde actualmente se encuentra en una celda de máxima seguridad y en aislamiento, separada del resto de las reclusas. Este tipo de medidas suelen adoptarse en casos donde la integridad física de la acusada o la de las demás internas podría estar en riesgo.
En el contexto de este caso, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha manifestado su preocupación sobre la falta de atención adecuada que se brinda a los reclusos con trastornos de salud mental en el sistema penitenciario dominicano. Ulloa criticó que un porcentaje elevado de personas en las cárceles se encuentran en prisión preventiva, alcanzando aproximadamente un 57%, y dentro de este grupo se incluyen individuos con condiciones psiquiátricas que no han sido debidamente evaluadas ni tratadas.
El Defensor del Pueblo también enfatizó la importancia de que el Inacif cuente con los recursos y especialistas necesarios para realizar evaluaciones psiquiátricas a los reclusos. Esto, según Ulloa, evitaría que personas con problemas mentales graves sean sometidas a prisión preventiva de manera inapropiada, en contraposición a lo que dicta la ley. De igual manera, subrayó la necesidad de un sistema penitenciario más humanizado que responda a las realidades de los internos con enfermedades mentales, garantizando su derecho a un tratamiento adecuado y una evaluación justa de su estado de salud.
Este caso ha generado un debate sobre el manejo de los reclusos con trastornos mentales en el país, poniendo en evidencia la carencia de recursos adecuados en las instituciones encargadas de realizar las evaluaciones y la falta de un tratamiento especializado para aquellos que sufren de condiciones psiquiátricas.