Decisión caso de Juan Ramón Pascual Ramírez
La jueza Yaritza Cabral, de la Oficina Judicial de Atención Permanente en Santiago, ha impuesto medidas de coerción contra el cabo de la Policía Nacional Juan Ramón Pascual Ramírez, acusado de agredir físicamente a un reportero gráfico y verbalmente a dos periodistas mientras estos ejercían sus funciones.
Las medidas dictadas por la jueza incluyen la presentación periódica cada seis meses, una orden de alejamiento de las víctimas, impedimento de salida del país y la obligación de asistir a charlas sobre manejo de conducta violenta. Estas medidas han sido consideradas insuficientes por algunos sectores, especialmente por el abogado del reportero gráfico Roberto Reyes, quien fue abofeteado por el acusado. Joel Adames, representante legal de Reyes, ha anunciado que apelará la decisión, argumentando que el fallo carece de fundamentos y que se ocultaron pruebas importantes durante la audiencia.
El incidente por el cual Pascual Ramírez está siendo procesado ocurrió mientras Roberto Reyes, junto a las periodistas Marisela de la Cruz y Amparo Infante, cubrían un incendio en un mercado de Santiago. Según los informes, el cabo de la policía abofeteó a Reyes y agredió verbalmente a las dos periodistas, un acto que ha sido fuertemente criticado por gremios de la comunicación y otros sectores.
El Ministerio Público había solicitado una medida de coerción más severa, específicamente tres meses de prisión preventiva, pero esta solicitud fue rechazada por la jueza Cabral, quien optó por medidas menos restrictivas. La decisión ha sido objeto de críticas por parte de representantes de la prensa y de los gremios de comunicación, quienes consideran que no responde adecuadamente a la gravedad de los hechos.
Este caso ha generado un debate sobre la protección de los derechos de los periodistas y la respuesta judicial ante actos de violencia cometidos por agentes del orden en el ejercicio de sus funciones. Las críticas se centran en la necesidad de garantizar que las agresiones contra los comunicadores no queden impunes y que se envíe un mensaje claro de que tales conductas no serán toleradas.