Devuelven al Estado casi RD$2,000 millones
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El empresario Ramón Emilio Jiménez Collie, conocido como Mimilo, y Fernando Crisóstomo Herrera, involucrados en el caso de corrupción Calamar, acordaron devolver al Estado 1,816,770,078 pesos en efectivo y bienes tras negociar con el Ministerio Público, que desistió de la acción penal en contra de los dos imputados. Estos arreglos están pendientes de ser aprobados por el tribunal.
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Según los documentos del proceso, la jueza ordenó notificar el acuerdo a las partes involucradas. Crisóstomo Herrera acordó con el órgano persecutor que "el pago deberá ser efectivo previo a la homologación judicial" del criterio de oportunidad, cuya audiencia está pautada para el 13 de junio.
Crisóstomo Herrera autorizó voluntariamente que se decomisara en favor del Estado dominicano la cantidad de 1,101,770,078.50 pesos, a través de cheques certificados a nombre de la Procuraduría General de la República, bienes inmuebles u otros bienes. Por su parte, Mimilo acordó entregar 715 millones en efectivo y bienes inmuebles. Ambos imputados son delatores del expediente, que asumieron su responsabilidad en asociación de malhechores, sobornos y lavado de activos.
Los documentos notificados a las partes de Operación Calamar indican que se ha solicitado el criterio de oportunidad basado en el arrepentimiento de los imputados y su intención de cooperar para someter a los demás responsables. Además de Mimilo y Crisóstomo Herrera, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) solicita también un criterio de oportunidad a favor de Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L.
Las defensas de los acusados han calificado el acuerdo con los delatores como irregular. La Pepca acusó formalmente a 34 personas y 13 empresas de haber estafado al Estado con más de 41 mil millones de pesos a través de contratos de cesiones de créditos simulados sin causa o por causa de pago de deudas inexistentes, entre los propietarios o supuestos propietarios de los terrenos expropiados o inmuebles adquiridos, declarados de utilidad pública.
También, mediante sobornos a contratistas para financiar ilícitamente la campaña política interna del PLD en beneficio de Gonzalo Castillo, quien es uno de los principales imputados, junto a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
A Fernando Crisóstomo se le señala como el responsable de identificar los casos que podían ser reclamos de pagos de deuda administrativa al Estado por expropiaciones de inmuebles o adquisiciones de terrenos por parte de la Dirección General de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), mientras que Jiménez Collie (Mimilo) actuaba como el contacto directo con el acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz y la estructura no gubernamental manejada por Crisóstomo. Ambos están vinculados a un esquema de cobro ilícito a bancas deportivas y de loterías, a las que se forzaba a pagar una mensualidad como soborno, bajo amenaza de cierre.