Víctor Manuel Saldaña Hernández
YOSPER.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente ha aplazado para este miércoles 21 de agosto de 2024 la solicitud de medida de coerción contra Víctor Manuel Saldaña Hernández, conocido como Julio, un cabo de la Armada Dominicana acusado del asesinato del médico perinatólogo Enrique Antonio Espinal Castillo.
Saldaña Hernández enfrenta cargos por violación a los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano. La acusación sostiene que planeó y ejecutó el asesinato de Espinal Castillo, un profesional de la perinatología, en la residencia de la víctima en el barrio Los Guandules del distrito municipal Hato del Yaque. El imputado presuntamente propinó golpes contusos en el cráneo y rostro de la víctima.
El Ministerio Público ha solicitado tres meses de prisión preventiva para Saldaña Hernández. Según el abogado de la familia de la víctima, Ricardo Reyna, el militar utilizó un mazo para golpear al médico en la cabeza y el rostro.
El caso comenzó a ser investigado después de que los familiares de Espinal Castillo interpusieran una denuncia por su desaparición. El Departamento de Violencias Físicas (Homicidios) de la Fiscalía de Santiago recolectó evidencias materiales, documentales y periciales que señalaron a Saldaña Hernández como el autor del crimen.
El cuerpo de Espinal Castillo fue hallado el 5 de agosto de 2024 en terrenos baldíos de La Costa de Rafelito, en Sabana Grande de Palenque, provincia de San Cristóbal. El asesino, originario de esa localidad, habría trasladado el cadáver en el baúl de una jeepeta Hyundai, modelo Tucson, color blanco, que pertenecía a la víctima.
La Fiscalía de Santiago ha presentado ante el tribunal múltiples pruebas que demuestran la culpabilidad de Saldaña Hernández, incluyendo imágenes del recorrido que hizo el imputado desde Santiago hasta San Cristóbal con el cuerpo de la víctima.
Saldaña Hernández permanece en prisión después de que la jueza Yeritza Cabral de la Cruz le impusiera una garantía económica de 500,000 pesos como medida de coerción, debido a la posesión ilegal de un arma de fuego encontrada durante su arresto, cuando fue requerido por el Ministerio Público para fines de investigación.