Reyes María Estévez Rodríguez "EL CHARRO"
El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez ha dictado una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra Reyes María Estévez Rodríguez, conocido como "El Charro", por un grave caso de incesto en perjuicio de su hija menor de edad. La decisión fue emitida por los magistrados Katia Nebot, Yakelma Reynoso, y Robinson Rodríguez el 27 de junio de 2024.
El aberrante hecho ocurrió en septiembre de 2022 en Maguana, San Ignacio de Sabaneta, en la provincia de Santiago Rodríguez. La víctima, una niña de ocho años, es hija del imputado, quien también ejercía como profesor en el liceo secundario Librado Eugenio Belliard y era una figura reconocida en la comunidad como líder religioso y presidente de asamblea en El Naranjal.
El Ministerio Público, representado por el magistrado Denis Guzmán, presentó una acusación sólida que incluyó pruebas documentales, periciales y testimoniales que demostraron la culpabilidad de Estévez Rodríguez. Durante el juicio, el tribunal evaluó detenidamente estas pruebas y declaró a Estévez Rodríguez culpable de violar los artículos 332-1, 332-2 y 333 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, así como el artículo 396, literales A, B y C de la Ley 136-03.
El tribunal ordenó que Estévez Rodríguez cumpla su condena de 10 años en la cárcel pública de Santiago Rodríguez, una sentencia que ha causado gran conmoción en la comunidad, dada su conocida trayectoria como educador y servidor comunitario.
Reyes María Estévez Rodríguez había sido profesor durante más de 15 años, y su posición como líder comunitario y religioso en El Naranjal añadía un nivel de confianza que ha sido devastadoramente traicionado por estos hechos. La noticia ha dejado perplejos a muchos residentes de la comunidad, quienes conocían su destacada labor en el ámbito educativo y social.
Este caso resalta la importancia de la vigilancia y denuncia en la protección de menores y la lucha contra los delitos de abuso sexual, reafirmando la necesidad de un sistema judicial robusto que garantice la justicia para las víctimas.