Jochi Gómez usaba Drones para Monitorear Elecciones 2020
Santo Domingo, República Dominicana – Durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, Jochi Gómez, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix, realizó la adquisición de drones con el propósito de monitorear las elecciones generales de 2020 en República Dominicana. Esta compra ha sido detallada por fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quienes aseguran que la transacción se llevó a cabo entre los meses de abril y mayo de 2020.
Los drones, junto con software especializado y láseres anticolisión, fueron adquiridos a través de Jörg Brinkmeyer, representante de la compañía alemana Globe-UAV GMBH, por un valor aproximado de €559,745.75. Además, el envío de estos equipos se realizó mediante un avión privado, identificado con la matrícula HI1050-DOM, perteneciente a la flota de Helidosa Aviation Group.
Una vez que los drones arribaron a República Dominicana, se generaron tensiones entre Gómez y Brinkmeyer debido a la suspensión de los pagos acordados. Esta situación provocó que el equipo técnico alemán encargado de la instalación y operación de los drones tuviera que regresar a su país en julio de 2020.
Las autoridades determinaron que los drones ingresaron al país sin ser debidamente declarados ante la Dirección General de Aduanas (DGA), lo que configura un delito de contrabando y comercio ilícito. Adicionalmente, se verificó que los equipos no contaban con los permisos necesarios para su operación dentro del territorio nacional, lo que constituye otra infracción a las normativas legales vigentes.
Este caso ha sido incluido dentro del Caso Camaleón, una investigación que involucra a diversas figuras públicas, entre ellas Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant). La investigación sigue en curso, con el objetivo de esclarecer todas las implicaciones legales y determinar la participación de otros posibles involucrados.
El caso pone de relieve una serie de presuntas irregularidades que abarcan desde la importación no declarada de tecnología hasta la falta de cumplimiento de normativas aeronáuticas, lo que añade gravedad a los cargos enfrentados. Las autoridades continúan trabajando para delimitar la responsabilidad legal de todos los implicados en este entramado.