Wander Franco: proceso judicial
El Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata ha admitido la solicitud presentada por el Ministerio Público y ha dictado un auto de apertura a juicio contra el reconocido pelotero Wander Franco Aybar. Franco enfrenta graves cargos relacionados con el abuso de una adolescente, en un caso que ha generado una fuerte repercusión tanto en los medios como en la opinión pública. Además, se ha formulado una acusación contra la madre de la menor, imputada por los delitos de explotación sexual y lavado de activos.
La decisión fue emitida el pasado jueves por el juez Pascual Francisco Valenzuela, quien tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía, consideró que los elementos acusatorios son lo suficientemente sólidos como para avanzar con el juicio. La medida de coerción impuesta tanto a Franco como a la madre de la joven incluye la presentación periódica ante el tribunal.
Los fiscales Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y José Martínez Montán, de la Fiscalía de Puerto Plata, destacaron la fortaleza de la acusación formulada por el Ministerio Público. Este proceso judicial ha puesto sobre la mesa serios cuestionamientos sobre el papel de los adultos en la protección de los derechos de los menores.
El expediente judicial subraya que las acciones de Franco Aybar infringen varias disposiciones legales. En particular, se menciona el Principio V de la Ley 136-03, que establece la protección integral de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana. Asimismo, se han identificado violaciones a diferentes artículos del Código Penal Dominicano. La madre de la adolescente, cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales, también ha sido acusada bajo los mismos cargos, incluyendo delitos relacionados con la trata de personas y el lavado de activos.
Este caso ha captado la atención de diversas organizaciones defensoras de los derechos de los menores y ha suscitado un amplio debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos legales que protegen a esta población vulnerable. El Ministerio Público ha enfatizado que la protección de los menores y la lucha contra la explotación sexual constituyen prioridades en la agenda judicial y social del país.
El desarrollo del proceso judicial es observado atentamente por múltiples sectores, interesados en la evolución de un caso que podría tener un impacto considerable en la legislación y políticas de protección infantil. Las autoridades, por su parte, continúan trabajando diligentemente en la recolección de pruebas y el fortalecimiento de la acusación.
Este incidente también plantea una reflexión sobre la importancia de mejorar los sistemas de prevención y respuesta ante situaciones de abuso y explotación de menores en la República Dominicana. Se espera que a raíz de este proceso judicial se implementen medidas más efectivas que garanticen una mayor protección para niños, niñas y adolescentes, a fin de evitar que se repitan casos de esta naturaleza en el futuro.
La justicia dominicana ahora tiene la responsabilidad de avanzar con el caso y sentar un precedente en la defensa de los derechos de los menores, mientras la sociedad observa de cerca cada paso en la evolución de este proceso judicial.