Situación de alias Chiquito en el caso Joshua Fernández

Este martes 30 de julio, se ha producido una actualización en el caso del joven Joshua Fernández, quien falleció el 16 de abril de 2023 a causa de un disparo en la cabeza mientras se disponía a subir a un vehículo después de salir de una discoteca en el Ensanche Naco del Distrito Nacional.
Allyson de Jesús Pérez Mejía, conocido como “Chiquito”, uno de los condenados por este homicidio, ha decidido apelar la sentencia que le impuso una pena de 30 años de prisión.
En el juicio, el Ministerio Público había solicitado 30 años de prisión para Wesly Vincent Carmona, conocido como “El Dotolcito”, y 40 años para Chiquito y Luis Alberto “Luisito” Brito. La sentencia fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el 24 de abril del presente año. Actualmente, un defensor público está solicitando la anulación de la condena y el descarte de la pena impuesta.
Pérez Mejía ha contratado a los abogados Jaime Terrero y Julio Alberico Hernández, quien además es psiquiatra, para representarlo en la apelación. Los abogados argumentan ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que el tribunal que dictó la sentencia incurrió en errores significativos relacionados con las normas de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio. En consecuencia, solicitan que se revoque la sentencia y se celebre un nuevo juicio.
En la misma sentencia también fueron condenados Wesly Vincent Carmona, conocido como “El Dotolcito”, a 15 años de prisión, y Luis Alberto “Luisito” Brito a 20 años. Los abogados de Pérez Mejía sostienen que el tribunal cometió contradicciones y errores lógicos en el fallo, argumentando que estos defectos afectan la motivación y la validez de la condena.
Además, se ha presentado una solicitud adicional para el traslado de Pérez Mejía desde la cárcel de Najayo, donde actualmente está recluido en una celda de máxima seguridad, a la cárcel de La Victoria.
Los abogados alegan que la negativa a este traslado por parte de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) constituye un desacato.