Agredir, amenazar o ultrajar a un agente de DIGESSET en el cumplimiento de sus funciones
Ha sido frecuente observar incidentes donde ciudadanos profieren agresiones verbales, amenazas e incluso agresiones físicas contra agentes de la Dirección General de Tránsito Terrestre (DIGESSET), sin que hasta ahora se haya aplicado un enjuiciamiento serio ni condena por estos actos. A pesar de que el antiguo código penal contemplaba figuras como resistencia, desobediencia, desacato y ultraje hacia la autoridad pública, los infractores rara vez han enfrentado consecuencias legales significativas por estas conductas.
Agredir, amenazar o ultrajar a un agente de DIGESSET en el cumplimiento de sus funciones será castigado de 4 a 10 años de prisión correccional en el nuevo código penal
La necesidad de respetar la autoridad se vuelve evidente, ya que los pocos casos en que se ha respondido con agresión no han sido suficientes para disuadir a otros infractores de la ley 63-17. Cuando un agente de DIGESSET requiere asistencia, es crucial que sea socorrido y apoyado de manera inmediata por la dirección de la entidad, utilizando todos los recursos disponibles para prevenir situaciones lamentables. Los videos que documentan agresiones y ataques físicos contra los agentes reflejan una realidad preocupante, similar a lo observado en los Estados Unidos, donde los dominicanos, al estar conscientes de la severidad de las leyes, las respetan incluso sin un conocimiento detallado de las mismas.
El nuevo Código Penal, de ser aprobado, incluirá disposiciones claras respecto a las sanciones por amenazas e intimidaciones contra funcionarios públicos. El Artículo 329 establece que quien amenace o intimide a un funcionario público para evitar que ejecute sus funciones será sancionado con prisión de cuatro a diez años, además de multas proporcionales al salario del funcionario en el momento del delito. Asimismo, el Artículo 330 define el ultraje a la autoridad como la pronunciación de palabras, amenazas, envío de escritos o gestos que atenten contra la dignidad personal del funcionario, con penas que van desde los quince días hasta un año de prisión menor, acompañadas de multas.
El Artículo 332 introduce la figura de la rebelión, penalizando con uno a dos años de prisión menor y multas correspondientes a quienes ejerzan violencia contra un funcionario en el cumplimiento de sus deberes legales. En casos de rebelión agravada, que involucren reuniones, manifestaciones o el uso de armas, las penas pueden llegar hasta los diez años de prisión mayor, según el Artículo 333. Similarmente, el Artículo 335 aborda el desacato hacia una orden de autoridad competente, con penas que van desde quince días hasta un año de prisión menor y multas.
En cuanto a los atentados contra la integridad física de las personas, el Código Penal establece diversas penas dependiendo de la gravedad de las lesiones causadas. Los golpes, heridas o violencias que resulten en lesiones permanentes, aborto u otros daños graves serán sancionados con penas que van desde dos hasta tres años de prisión menor y multas proporcionales, mientras que los casos que causen incapacidades temporales menores serán castigados con penas que van desde uno hasta dos años de prisión menor y multas correspondientes.
Finalmente, el Artículo 155, acápite 3, inciso A, del nuevo Código Penal propuesto, detalla las sanciones por amenazas en general, que varían dependiendo de la gravedad y circunstancias específicas del caso, con penas que pueden llegar hasta los tres años de prisión menor y multas considerables.
Este análisis legal tiene como objetivo concienciar a la población conductora en la República Dominicana sobre las nuevas disposiciones legales y la aplicación de la ley 63-17 en materia de tránsito y movilidad. Es fundamental que los ciudadanos reeduquen sus comportamientos frente a la autoridad y, en casos de disputa, recurran a instancias adecuadas como el departamento de asuntos internos de DIGESSET para resolver sus conflictos sin recurrir a la violencia y evitar las severas consecuencias legales que ahora se impondrán, incluyendo penas de hasta veinte años de prisión.